El Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. Fue en el marco de la audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y en ese contexto, el tribunal internacional quedó ahora en condiciones de dictar un condena que incluya reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista.

“El Estado es responsable por no haber prevenido el atentado -dijo Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia-. Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”.

La funcionaria del Ministerio de Justicia reconoció que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora. ¿Por qué? “El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o injustificado retraso”, dijo. Y planteó sugerencias a la espera de una sentencia de la Corte “para superar todos los obstáculos y avanzar en los lineamientos pendientes”.

Fue entonces que, antes de terminar la audiencia, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, recogió el guante y afirmó: “acá tenemos el antecedente del decreto de 2005 que no fue cumplido. Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo, que trataremos que sea el más breve posible. Pero hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia de esta Corte para ser implementados”, como la centralización de la información clasificada y su acceso a las partes. “Culmino estas consideraciones ,instando al Estado a que no espere la sentencia de la Corte para empezar a dar hechos concretos. Esto sería el mejor resultado de esta audiencia”.

Un minuto antes le habían vuelto a dar la palabra a Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, para que hablara luego de oír la posición del Estado.

“Nos parece importante este reconocimiento, así como festejamos el reconocimiento en el 2005 que nos había llenado de esperanza en ese momento. El decreto del 2005 tenía un anexo que el Estado debía cumplir. Hoy estamos en el 2022. Es para nosotros alentador el reconocimiento pero nos parecerá bien cuando se traduzca en acciones concretas que sirvan para todos. Para eso va a tener que haber cambios. Me sorprende esperar que la Corte castigue al Estado para ver si el Estado se dispone a cumplir”, dijo Diana Wassner.

Fue el cierre de dos jornadas en donde la Corte IDH se reunió en Montevideo, Uruguay, para escuchar el reclamo que llevaba Memoria Activa. Uno de los jueces, el colombiano Humberto Sierra Porto, vicepresidente de la Corte, dijo sentirse sorprendido “porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas”.

Memoria Activa había denunciado en 1999 junto al CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. Y a días de cumplirse el 11º aniversario del ataque a la mutual judía, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 812/05 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista.

El decreto se firmó luego de la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que, en 2004, absolvió a todos los acusados de ser parte de la conexión local, tras denunciar una serie de delitos que habían ocurrido durante la instrucción de la causa por la voladura. Allí agentes de la entonces SIDE confirmaron que habían pagado al reducidor de autos Carlos Telleldin 400 mil dólares para que, cuando estaba por cumplirse dos años de la voladura de la mutual judía, acusara a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba.

La sentencia por la llamada conexión local activó la causa por el llamado encubrimiento del atentado, que llevó a juicio y condenó en 2019 al ex juez de la causa Juan José Galeano o el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, entre otros.

Hacia ellos apuntó la funcionaria del Ministerio de Justicia al hablar ante la Corte IDH. Acusó a “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”. Para el Ministerio de Justicia, el gobierno de Carlos Menem buscó desviar la pista que conducía a Alberto Kanoore Edul, oriundo del pueblo de donde nació la familia del ex presidente Carlos Menem. La llamada pista siria no se corroboró en el juicio oral, que culminó en 2019 y en el que el ex presidente, ya fallecido, fue absuelto. La sentencia será revisada en noviembre por la Cámara Federal de Casación Penal.