El líder de la banda criminal "Los Monos", Ariel 'Guille' Cantero, dijo este viernes que contrata "sicarios para tirar tiros a jueces" cuando el tribunal que lo juzga por siete de los diez atentados contra edificios judiciales y domicilios de funcionarios del área de justicia le pidió sus datos personales y le preguntó por su oficio o profesión.

"Oficios varios. Contrato sicarios para tirar tiros a jueces", dijo Cantero en tono casual a los jueces.

El juicio contra Cantero comenzó poco antes de las 9, aunque estaba previsto para las 8. Tras el ataque al CJP, todos los acusados lo transitan de forma virtual, a través de videoconferencia, para minimizar riesgos.

Junto a Cantero hay otros seis imputados. Todos llegarán al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos de ellos están con prisión preventiva por otros delitos.

Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11.

En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.

Todos los acusados seguirán las audiencias por Zoom desde sus lugares de detención, indicaron las fuentes.

Los otros involucrados en el caso, Claudio “Churro” Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas.

Se estima que el debate se extenderá al menos por dos semanas y tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Seguridad estudian extender la duración de las audiencias para que la sentencia se conozca lo antes posible.

Los delitos que se le imputan

Son diez los hechos que le achacan al grupo liderado por Cantero, el señalado como ideólogo de los ataques en venganza de las condenas impartidas por la Justicia a su organización, según un testigo de identidad reservada. Para la Fiscalía, Guille –que cuenta seis condenas por diversos delitos– digitaba desde la cárcel estos ataques para amedrentar y condicionar a funcionarios judiciales y de esta manera afectar la administración de Justicia.

Los atentados comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.

El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al exintegrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos.

Después, el 26 de julio, se perpetraron los atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.

El 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.

Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.

Más tarde, el 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.

La cronología de atentados destinados al poder judicial continúa el 14 de agosto cuando sucedió un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900.

Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).