La Justicia declaró la quiebra del Correo Argentino luego de un proceso de revisión y lleva la firma de la jueza Marta Cirulli. Esto sucede, luego de que el domingo el ex presidente Mauricio Macri, escribió una carta pública en donde nuevamente denunció una persecución.

La resolución emitida este lunes por la tarde consta de 19 puntos, el primero ordena: “Declarar la quiebra de CORREO ARGENTINO S.A. (CUIT n° 30-69229637-7)”.

En otro apartado agrega: “Manténgase -y en su caso trábese- la inhibición general de bienes de la fallida sin término de caducidad, a cuyo fin líbrense los oficios y testimonios del caso -en los términos de la ley 22.172 de corresponder a los registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, así como a los Registros de la Propiedad Automotor, Créditos Prendarios y Propiedad Industrial, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, y todo otro que la sindicatura general estime pertinente”.

El domingo, Mauricio Macri publicó un mensaje en las redes sociales vinculado a la causa del Correo Argentino en el que consideró que el Poder Ejecutivo "busca venganza" y que tiene a sus hijos como "objetivo". "El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA".

Además, el ex jefe de Estado pidió que el fuero que tiene en sus manos la causa no contribuya a convertir al país en "Argenzuela". En en escrito, el fundador del PRO sostuvo que está siendo presionado "a través de la Justicia", que dijo que está "manipulada por el procurador del Tesoro Carlos Zannini".

En respuesta, el ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionó la carta y dijo que Macri lleva adelante "un burdo intento de victimizarse" en esta causa porque teme "que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales".

La firma Socma había intentado que el caso del Correo fuese juzgado por tribunales porteños y no nacionales, pero un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pasado 1 de julio una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este sentido.

En marzo de 2020, la jueza Cirulli, para evitar "potenciales perjuicios a acreedores", ordenó el "desplazamiento total" de los directivos de la empresa en el marco del proceso de "salvataje".