En medio de la preocupación por el crecimiento del delito en la ciudad, Junín recibirá nuevos fondos del Gobierno Provincial por el Fondo de Seguridad. Se espera que el intendente de Junín, Pablo Petrecca, firme el convenio este mismo miércoles.

De acuerdo al decreto 371/2025 que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, los recursos se destinarán a la adquisición de vehículos policiales, infraestructura, equipamiento y “demás gastos de capital necesarios para una intervención eficiente en la prevención y el control del delito”.

Kicillof resaltó en el acto administrativo que la seguridad “es una competencia exclusiva del Estado provincial. Y que su mantenimiento constituye una obligación ineludible” de la gestión bonaerense, en tanto es una “condición indispensable para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales de la ciudadanía”.

En otro tramo del decreto, el gobernador recordó la “interrupción de transferencias de fondos por parte del Gobierno Nacional”. En particular, las correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que fue derogado a partir del 26 de febrero del año pasado. 

Esto ha afectado “significativamente la capacidad de la Provincia para fortalecer las políticas de seguridad pública”, dado que dichos recursos han sido históricamente destinados, entre otras finalidades, a sostener la prevención del delito en el territorio bonaerense. A ello se suman las dificultades por la falta de aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, lo que profundiza “la incertidumbre y genera obstáculos en la planificación”. 

Sin embargo, la gestión bonaerense realizó un “esfuerzo extraordinario” para reforzar la seguridad en los distritos, a través de dos mecanismos.

En 44 municipios que tienen más de 70.000 habitantes, entre los que se encuentra Junín, se repartirán $70.000 millones. En tanto, en 14 distritos con hasta 70.000 habitantes se entregarán $1.500 millones.

Los recursos de los fondos creados serán transferidos de acuerdo al siguiente esquema: un 40% en abril; 30% en junio; y 30% en octubre. Los municipios, a su vez, deberán rendir cuentas de las partidas que recibieron.