El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos –que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones y penalidades– a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales de las facturas de los servicios esenciales, como la luz y el gas, que prestan a sus clientes.

Tres fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que ese será el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre, lo que podría dar lugar a un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan

Las fuentes indicaron que desde esa fecha se abrirán sumarios a las firmas proveedoras que sumen en su facturación cargos distintos al objeto del contrato. Según indicaron en el Poder Ejecutivo, los municipios y gobiernos provinciales son ajenos al ámbito de aplicación de la resolución oficial. “Vamos a sumariar a las empresas que incluyan cargos indebidos”, dijeron.

Además, según precisaron las fuentes oficiales a este medio, la estrategia del Gobierno se complementará con presentaciones individuales contra los amparos que ya algunos municipios presentaron en la Justicia. Dos de los casos en los que Comercio ya recibió notificaciones son Pilar (tramita en Campana) y el municipio de La Rioja. En ambos casos, Comercio ya hizo las presentaciones rechazando las cautelares interinas y haciendo los informes correspondientes.
El Gobierno está impugnando la “legitimación activa” de los municipios, ya que considera que la resolución no es contra ellos, sino que regula a las empresas. “Nosotros no decimos nada sobre lo que tienen que hacer los municipios”, explicaron en el Gobierno. En el Ejecutivo afirmaron que, en el caso de aquellos que no tengan cautelar, la norma “está vigente”.

Según fuentes que conocen el camino administrativo, en caso de incumplimiento, se abrirá un expediente contra las empresas en Comercio. Habrá un apercibimiento primero y, luego, podrían comenzarse con multas incrementales: la más baja es de $374.129 mientras que la más alta alcanza los $1.571.343.900, según la última actualización.

Las sanciones, según la ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor que aplica en este caso, son el apercibimiento; la multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2100) canastas básicas total para el hogar 3 ($748.259 en agosto); el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.

LA NACION consultó a las empresas de distribución de energía. Afirmaron que, para cambiar sus facturas, esperan una resolución complementaria de sus entes reguladores (ENRE o Enargas, por caso) y admitieron que la decisión del Gobierno, de aplicarse, provocará un conflicto con la normativa municipal. Es que las subas de impuestos o los convenios por los que se cobra una tasa en una boleta de luz y gas se definen en convenios firmados con las firmas y aprobados en los consejos.

En nuestra ciudad, el concejal Juan Manuel Cornaglia Ré (La Libertad Avanza), presentó un proyecto en el Concejo Deliberante local, donde le pide al Poder Ejecutivo que "arbitre los medios necesarios para enviar con antelación suficiente los Proyectos de Ordenanza pertinentes a adecuar la normativa de nuestra ciudad a los nuevos requisitos de la Ley de Defensa al Consumidor dentro del plazo establecido por la Resolución 267/24". 

En la sesión de este martes, Cornaglia Ré quiso tratar el proyecto sobre tablas, pero tanto los bloques de Juntos como de Unión por la Patria lo rechazaron. Por eso ahora la iniciativa pasó a Comisión.

Mientras tanto, desde el entorno de Petrecca se siguen oponiendo a la resolución. Así lo puso en palabras el Secretario de Seguridad, Lisandro Benito, quien en una entrevista con La Verdad apuntó contra algunos dirigentes de La Libertad Avanza de la ciudad que habían mencionado que ya no se va a poder cobrar conceptos de tasas dentro de las facturas de energía: "Me parece desubicado que algunas voces locales hayan expresado que ya no se van a poder cobrar tasas porque eso sería lisa y llanamente ilegal e ilegítimo".

Qué cobra el municipio en Junín

En ese sentido, el componente impositivo municipal que enfrentan los vecinos de la ciudad de Junín en los montos de las boletas que llegan a su domicilio de luz y gas son:

En la factura de energía eléctrica de la empresa EDEN en la ciudad de Junín podemos observar varios ítems que hacen referencia a impuestos provinciales y en particular, el Municipio incorpora dos tasas municipales, las cuales tienen una importante incidencia en el monto total de la factura, que son la "Tasa de Alumbado Público" y la controvertida "Tasa de Seguridad", que en una factura de $ 4.500 representan el 22% del importe a pagar, cerca de mil pesos más.

Algo similar ocurre con la factura de Gas en el Municipio de Junín. En la misma podemos observar impuestos provinciales y una tasa municipal atadas al consumo de gas. Al igual que en la luz, la tasa municipal en la factura de gas es la segunda en incidencia por detrás del IVA.

Los impuestos incrementan el monto de la factura de gas en un 15%, ellos son "Tasa Municipal" y "Fondo Fiducuario", de una factura de $ 40.000, el importe correspondiente al municipio son cerca de $ 6.000

Por ejemplo, en dos facturas de aproximadamente $ 44.000, los juninenses pagan de tasas municipales cerca de $ 7.000, importe que ahora se verían acrecentado atento los fuertes aumentos que sufrieron las tarifas ya que las tasas municipales son un porcentaje de la factura.