En un viernes que se perfilaba tranquilo en Comodoro Py, la oficina del fiscal Ramiro González en el quinto piso del edificio de Retiro mantuvo una actividad intensa mientras los pasillos comenzaban a vaciarse. La abogada defensora de Alberto Fernández, Silvina Carreira, se encontraba allí desde el mediodía, revisando el video de la declaración de casi cuatro horas de Fabiola Yañez, en la cual la ex Primera Dama relató los maltratos y golpes que habría sufrido desde 2016 por parte del ex presidente.

La declaración de Yañez resultó clave para la investigación, ya que detalló una serie de agresiones físicas y hostigamiento, en un contexto de violencia de género. Carreira, quien no pudo asistir a la audiencia, tomó nota para preparar una estrategia de defensa. Mientras tanto, el fiscal González avanzaba en la causa, que ahora tiene como centro de atención los episodios de violencia denunciados por Yañez, más allá de las investigaciones previas relacionadas con la contratación de seguros durante el gobierno de Fernández.

El contenido de la declaración de Yañez y los chats encontrados en el teléfono de la secretaria del ex presidente, que mostraban episodios de violencia, complicaron la situación de Fernández. Yañez habría contado cómo el ex mandatario la golpeaba, incluso estando ella embarazada, según los mensajes descubiertos por el juez federal Julián Ercolini. Aunque inicialmente Yañez se negó a formalizar una denuncia, cambió de decisión después de que los detalles se hicieran públicos, acusando a Fernández de intentar impedir que hablara.

El martes 5 de agosto, el juez Ercolini tomó medidas urgentes, prohibiendo a Fernández cualquier tipo de contacto con Yañez. Sin embargo, la ex Primera Dama aseguró que su ex pareja seguía escribiéndole, lo que llevó al fiscal Carlos Rívolo a ordenar un allanamiento en el departamento de River View donde reside el ex presidente. Allí se incautó un Iphone 15 de Fernández, que ahora está bajo análisis para verificar si buscó contactarse con Yañez después de la denuncia.

La investigación también apunta a la violencia física y psicológica que Yañez habría sufrido, incluyendo un episodio en 2016 donde Fernández la habría instado a practicarse un aborto. Según la declaración de Yañez, la situación empeoró tras el escándalo de la fiesta de Olivos y durante el año 2023, cuando el gobierno de Fernández enfrentaba dificultades crecientes.

El fiscal González imputó a Fernández por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por el contexto de género, además de amenazas coactivas. La fiscalía describió una serie de hechos de violencia y ha dispuesto una treintena de medidas de prueba, incluyendo el testimonio de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, quien estaría al tanto de la situación de violencia que sufría Yañez.

El mundo político sigue de cerca el desarrollo de esta causa, mientras se esperan más declaraciones y avances en la investigación. El jueves comenzará la ronda de declaraciones testimoniales, con un enfoque particular en lo que pueda aportar Cantero. Otros testigos, como Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández, también han sido citados.

La defensa de Fernández ha comenzado a maniobrar, solicitando el traslado de la causa a los tribunales de San Isidro, argumentando que los hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos. No obstante, el relato de Yañez y el dictamen inicial del fiscal González sugieren que esta solicitud podría no prosperar, mientras la causa avanza con la atención de todos los sectores políticos.