Ante las versiones sobre que el kirchnerismo duro presionaría a Alberto Fernández para que indulte a Cristina Kirchner en caso de ser condenada en la causa Vialidad, la vicepresidenta aclaró su postura sobre esta posibilidad. Lo hizo a través de un retuit de un mensaje del senador nacional Oscar Parrilli, que había manifestado: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.

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Asimismo, el legislador por Neuquén había expresado anteriormente, en declaraciones a Futurock, que “es muy pronto para hablar de un indulto”. “Falta mucho tiempo. Espero que haya una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir”, agregó. Finalmente, Cristina Kirchner avaló los dichos de Parrilli, evidenciando su posición.

De esa forma, el senador nacional había marcado una contraposición con respecto a la opinión del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien un rato antes había afirmado que “si Cristina es condenada, el Presidente debe indultarla”.

“Si lo que preveo se cumple, si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales, no quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial”, afirmó el juez Zaffaroni en su columna de la radio AM 750.

En tanto, el Presidente, si bien mantiene sus diferencias con Cristina Kirchner, está dispuesto a tener todos los gestos políticos posibles para acompañarla mientras dure el proceso judicial, en el que el fiscal Diego Luciano pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De hecho, el jefe de Estado habló tres veces con CFK en los últimos días y no descarta llevar a cabo un encuentro en la Quinta de Olivos antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dicte sentencia. Sin embargo, Alberto Fernández cree que es casi imposible dictar un indulto a favor de su Vicepresidenta en la Causa Vialidad por constitucionales y políticas.

El Presidente se apoya en el artículo 36 de la Constitución Nacional para descartar esa posibilidad. Ese artículo -clave en la reforma de 1994- fue avalado por la actual titular del Senado cuando era convencional constituyente en representación de Santa Cruz. El mismo sostiene que los “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” y “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito” estarán “excluidos de los beneficios del indulto”. La premisa constitucional encierra un principio ético novedoso para la época: iguala un golpe de Estado con un hecho grave de corrupción pública.

De todas formas, el mandatario nacional dejó claro su apoyo apenas unos instantes después de que el fiscal Diego Luciani pidiera la condena para Cristina Kirchner. En ese momento también se expresó vía Twitter y consideró que la vicepresidenta es víctima de “una persecución judicial y mediática” y que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidente ha sido probado”.

“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, publicó en su cuenta oficial, acompañando esa leyenda introductoria con un comunicado oficial de Presidencia.

“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, comenzó el escrito.

A su vez, desde Presidencia manifestaron que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”. “El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, agregaron.