La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.

El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y, por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%.

A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

Según detallaron desde el Ministerio de Educación, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6.000 millones de pesos.

Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente $7 millones.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.

“Además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.

El fracaso del plan 3000 jardines se explica también en tanto dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar, se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales, se emplearon tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas, como estas, sin capacidad para su ejecución.