El aislamiento por el coronavirus genera efectos colaterales bastante visibles, entre ellos hay un caballito de batalla de muchos opositores que el Gobierno intenta resolver desde distintas medidas: la crisis económica y el desempleo. Así como se aplicaron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), desde hace semanas el Ejecutivo plantea la idea de una Renta Básica Universal para sostener el consumo básico de los sectores más vulnerables. Sin embargo hay poco en concreto y la duda es de cuánto dinero se tratara por beneficiario, a quiénes alcanzará y si no debería ser complementada de alguna manera.

Distintos referentes de organizaciones sociales y con un militante del campo popular que también es funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Nación para que cada uno haga su lectura de un posible ingreso universal. La cifra varía: algunos hablan de una suma puntual y otros de un complemento con otros ingresos, pero todos coinciden -con variantes- que se lo debe pensar como parte de la generación de empleo genuino. No pocos plantean la necesitad de un replanteo del sistema productivo que está firmemente estructurado en Argentina.

Para el referente del Frente de la Resistencia Daniel Ozuna, el ingreso universal debe ser de al menos 17 mil pesos; mientras que para la líder de Barrios de Pie, Silvia Saravia, se debería hablar de una suma que cubra la Canasta Básica Alimentaria (que según el INDEC en junio fue de 18.029,10 pesos); por su parte, para Esteban Marcioni, del Frente Popular Darío Santillán, se debería hablar de por lo menos 12 mil pesos más "una política de control de precios más precisa, si no la guita alcanza cada vez menos"; mientras tanto, dos de los consultados apuntan al salario mínimo: mientras que la coordinadora de los Cuidadores de la casa común (que tienen como guía al papa Francisco) Martha Arriola habla directamente de dicha suma neta, el referente de Barrios de pie-SOMOS y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Mendéndez, se refiere a un complemento entre otros ingresos que permitan llegar a ese número.

A modo de ejemplo, se pueden tomar algunos casos de Europa para paliar el desempleo y la pobreza. España acaba de implementar el Ingreso Mínimo Vital, que ofrece 461,53 euros para individuos y en el caso de las hogares va de los 599,99 a 1.015,37 euros al mes, dependiendo de si se tiene a personas mayores o hijos a cargo, y de los ingresos declarados en 2019. Por otro lado, Finlandia tiene el programa Apoyo a los ingresos, que va de los 400 a los 1.250 euros, y es una suerte de plan de emergencia sin demasiados requisitos, pero cuyo objetivo es garantizar la subsistencia. A su vez, Italia implementó hace poco más de un año la Renta de Ciudadanía, que implica un máximo de 780 euros mensuales para quienes tienen graves problemas económicos. En Grecia se implementa una ayuda de 250 a 500 euros bajo condición de que el beneficiario busque activamente empleo. También está la Renta de Solidaridad Activa que en Francia ofrece de 550 euros pero puede llegar a 1.050 para familias con dos adultos y dos menores.

"Vamos a la apertura en términos de convivir con la pandemia pero con un esquema de producción de nueva normalidad", indicó Menéndez a minutouno.com y reconoció que muchas personas quedaron sin sustento por el coronavirus. Por eso se refirió a "2 o 3 millones de compatriotas que deben ser acompañados hasta que se pueda reactivar la economía y regenerar el empleo" y reconoció que "en ese marco está la Renta Básica Universal, que tiene que ver con un debate que la pandemia deja al descubierto".

"La respuesta en términos de ingreso tiene que estar asociada a la organización del trabajo, es importante que eso esté desarrollado desde la organización comunitaria", expresó Menéndez y habló de la importancia de coordinar medidas entre organizaciones sociales y gobiernos locales: "Eso ayudará a que ese ingreso esté orientado a la formación de unidades productivas".

"De cara a la propuesta que venimos realzando con el salario social complementario, entendíamos que el Estado tenía que pagar lo que le falta al compañero y compañera que trabaja para llegar al salario mínimo, sobre la base de que existe una actividad que hoy tiene que ver con la economía popular", explicó y aseguró que "nadie es desocupado pleno todos, generan algún ingreso que tiene que acompañar lo que ese trabajador consigue".

"Nos preocupa que eso está llegando a la comida, tenemos los comedores explotados de gente inclusive con los cuidados por la pandemia y eso es un reflejo de que la gente no tiene guita para comprar comida, más allá del IFE y las demás políticas del Gobierno, que son importantes", advirtió Esteban Marcioni, del Frente Popular Darío Santillán, y reclamó que el ingreso universal venga acompañado de inversiones "por ejemplo comprar maquinarias para equipar los emprendimientos productivos o que las familias generen cooperativos de trabajo y se pongan a producir".

"El pago del salario básico o algún otro programa tiene que ser con la gente trabajando, sea para el Estado, con organizaciones sociales, para organizaciones de la comunidad u organizándose entre vecinos", expresó Marcioni y evaluó que la medida "es importante si se avanza poniendo plata de manera más precisa y sin tanta incertidumbre. El IFE genera incertidumbre de qué te va a pasar más adelante".

Mientras tanto, la referente de Barrios de Pie Silvia Saravia evaluó: "Hay que trabajar sobre le ingreso universal y hay que discutir en el mientras tanto cómo generamos puestos de trabajo genuinos. No es algo que se resuelve a corto plazo pero sí tienen que sentarse las bases de un modelo productivo diferente al que hoy tenemos. En función de eso se podría plantear la formación en oficios, la formación en determinadas capacidades. Podríamos intentar orientar el aspecto educativo en base a esto".

En caso contrario, Saravia advierte que "sin el vinculo de un proceso productivo, va a terminar siendo una respuesta asistencial, que está bien para un momento de emergencia o para sectores con mucha dificultad de incorporarse al trabajo formal, pero al mismo tiempo genera una situación de estancamiento".

Luego reclama que estas fuentes de empleo vengan "con todas las condiciones y derechos laborables que están en la Constitución". Muy por encima del alcance que plantea el funcionario del Ministerio de Desarrollo, evaluó que la medida debería alcanzar a "los 11 millones de personas que se notaron en el IFE" mientras que "9 millones fueron aceptadas" porque "ahí está la diferencia entre familia y trabajador, ese sería un buen punto de inicio"

Por su lado Ozuna, cuyo frente tiene mayor énfasis en movimientos originarios y bachilleratos populares, maneja una línea muy parecida a la de Marcioni y pide un enlace entre el ingreso universal con "las economías barriales comunitarias, rurales" que "pueden autogestionar sus proyectos y generar trabajo desde abajo" para combatir la crisis y la pobreza.

De este modo, se cubriría "una parte de lo que está por encima de la línea de la pobreza y de indigencia". Luego agrega: "Si no bajamos de esos valores, más el trabajo que se puede sumar un ingreso extra a las familias, sería una medida progresiva". También pidió además mejoras en la infraestructura como caminos, vivienda y en el sistema de salud, desarrollados entre el Estado y las organizaciones sociales.

A su vez, Arriola ve al "ingreso universal solo como una dádiva o en el mejor de los casos, una ayuda económica a personas o familias que lo necesitan es funcional al sistema global tecnocrático para sostener el consumo prosiguiendo con la destrucción del trabajo digno", por lo que reclama "una creación masiva de trabajo", junto con un "salario universal".

Luego reclama que la medida "debe implementarse desde el reconocimiento del trabajo que ya hacen muchos trabajadores comunitarios para sostener la vida en cada territorio: educadores y educadoras de jardines maternales comunitarios, casitas de los pibes, espacios de atención a adultos mayores, entre otros y desde el apoyo y fortalecimiento de proyectos productivos que existen y que además deberían multiplicarse".