El gobierno de Alberto Fernández oficializó la reapertura, desde el próximo miércoles, de los registros de la propiedad del automotor de gran parte del país que se encontraban cerrados desde el inicio de la cuarentena dispuesta para ralentizar el avance de la pandemia de coronavirus Covid-19. La autorización para que estos lugares vuelvan a funcionar se hizo efectiva a partir de la Disposición 83/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La disposición, que lleva la firma de la titular de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) María Eugenia Doro Urquiza, estableció que desde el 22 de abril vuelvan a prestar servicios, aunque bajo ciertas modalidades para prevenir posibles contagios de coronavirus.

La normativa alcanza a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, así como también a la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, los únicos dos distritos de la Argentina que quedaron por el momento exceptuados del reinicio de la atención al público son Tucumán y Santiago de Estero.

De acuerdo con la disposición “la atención al público se limitará a aquellas personas que contaren con turnos previamente asignados por vía electrónica a través de la página web del organismo" y estipula que "los Registros Seccionales deberán instalar barreras físicas de separación entre el personal del Registro Seccional y el público usuario. A tal efecto, deberán adecuar sus instalaciones en el plazo de una semana a partir del dictado de la presente”.

Por último, el Gobierno decidió también extender dos horas el horario de cierre de estos establecimientos, en todas sus competencias, durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria establecida.

En todos los casos deberán respetarse los protocolos sanitarios que cada provincia establezca, “en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales”.