Los movimientos sociales oficialistas le doblaron el brazo a Cristina Fernández de Kirchner, o al menos parecen haberla ganado una partida. El Gobierno no solo auditará el programa Potenciar Trabajo, que ellos administran a través de las Unidades de Gestión (UG), como cooperativas, sino que también se controlará a los municipios, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales e iglesias; tal como solicitaban las organizaciones enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El Gobierno tomó esta decisión solo después de que todo el abanico de la dirigencia social saliera a denunciar una “persecución” y “estigmatización de las organizaciones populares”, y a aclarar que estaban de acuerdo con la auditoría, pero si se realizaba “sobre todo el universo de las Unidades de Gestión”, no solo sobre las cooperativas de las organizaciones populares (como pidió CFK).

La auditoría debió comenzar el 15 de agosto. Pero recién el miércoles arrancó la capacitación de los futuros encuestadores que, según supo Infobae, deberían estar acompañados de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y dirigentes sociales.

La tarea demandará unos 12 meses, es decir que finalizaría durante las próximas PASO que definirán a los candidatos para la elección presidencial.

“Enfoque de guerra”

Para comprender el enunciado, y la sensación de victoria entre los dirigentes de la economía popular, hay que recordar que el 20 de junio, en un plenario de la CTA Autónoma, la Vicepresidenta de la Nación, exigió una “auditoría” por parte del Estado sobre los planes que el gobierno de Alberto Fernández -que ella integra- había “tercerizado” en favor de organizaciones sociales como el Movimiento Evita.

El 3 de julio, junto al anuncio de cambios en el gabinete tras la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, el jefe de Estado, en línea con lo solicitado por la ex mandataria, anunció una auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo.

El 3 de agosto, a minutos de jurar como ministro de Economía, Sergio Massa hizo lo propio. Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, es decir del área de la que depende el Potenciar Trabajo, firmó convenios con las Universidades Nacionales para que los estudiantes realicen la tarea a partir del 15 de agosto. La controversia y la desconfianza que generó el anuncio y la forma en que se resolvió (después de la demanda de Kirchner) generó que se postergue la fecha. Los gremios universitarios, además, repudiaron la participación de las universidades para “auditar a los pobres” y se ofrecieron para auditar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Los dirigentes sociales interpretaron la visión de Cristina Fernández, y la de otros políticos oficialistas y de la oposición como un “enfoque de guerra contra los movimientos populares” quienes recordaron que el propio programa Potenciar Trabaja establece auditorías periódicas sobre los beneficiarios y Unidades de Gestión. No hacerlo sería una irregularidad por parte del ministerio de Desarrollo Social. Y si fuese cierto que existen unos 400.000 potenciar trabajo mal inscriptos, podría resultar escandaloso, pero no para las organizaciones, sino para quienes están obligados a controlar.

El Potenciar Trabajo es administrado desde la secretaría de Economía Social. Está a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, la “orga”, apuntada por CFK.

La posta por los reclamos por la “persecución” hacia los movimientos populares la tomaron, entre otros, Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP; Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP; Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y referente del Frene Popular Darío Santillán.

Es más, Esteban Castro, líder del Movimiento Misioneros de Francisco, llevó su inquietud ante monseñor Oscar Ojea, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, el máximo organismo de la iglesia en el país.

En el encuentro, desarrollado el 28 de julio, Ojea instó a que “se dialogue con los funcionarios y organismos correspondientes para que se garantice el libre ejercicio de los derechos constitucionales” y les reiteró que ese intercambio de ideas debe ser siempre “en la búsqueda de aquellas medidas de gobierno, posibles y necesarias en este momento, para evitar todo tipo de violencia, recordando que los movimientos sociales históricamente han sabido trabajar para la construcción de la paz social”.

Auditoria y demanda de alimentos

El jueves, durante una reunión entre la plana mayor de la UTEP y los movimientos que la componen; Juan Zabaleta, les aseguró que las auditoría se realizarían tal como ellos solicitaban. No se haría un show mediático exponiendo a los beneficiarios de los planes sociales; las auditorías se llevarán a cabo “en los lugares de trabajo”, y se controlarán las cooperativas que dependen de los intendentes, de los gobernadores, y el resto de instituciones de las que dependen las Unidades de Gestión.

Después del encuentro en Desarrollo Social, un dirigente le dijo a Infobae que los controles en los lugares de trabajo expondrá al menos dos situaciones: el trabajo que se realiza desde la economía popular y que ni siquiera los funcionarios valorizan, y mucho menos la sociedad; y la falta de elementos que el Ministerio de Desarrollo Social debe entregar y está en mora.

Zabaleta ya había mantenido una reunión con los alcaldes del conurbano diez días antes para informarles que también ellos serían auditados. En el encuentro, varios jefes comunales reconocieron que no sabían cuántas personas beneficiarias del Potenciar Trabajo desarrollan sus tareas en el municipio.

En un tramo de la reunión, los dirigentes de la UTEP, con Castro y Onorato a la Cabeza, le reclamaron al ministro por el “desabastecimiento de merenderos y comedores, además de los incumplimientos en la entrega de herramientas e insumos para desarrollar las tareas de trabajo convenidas”.

Según le dijeron al intendente de Hurlingham en uso de licencia, solo se entregaron el 20 por ciento de los componentes del banco de herramientas prometidas. Las demandas, y la cifra, coincide con los reclamos que realiza la Unidad Piquetera cada vez que marcha frente al edificio de desarrollo social.

Esta vez la queja provino de dirigentes populares que forman parte del Frente de Todos.

Dos días antes, el martes, el propio Zabaleta, en San Juan, anunció que las gobernaciones también serán auditadas y anticipó que su gestión será “implacable con quienes deformen objetivos” del programa Potenciar Trabajo.

Allí, tal como lo hizo hace unos días, repitió que quienes “no estudien ni trabajen ni colaboren con una Unidad de Gestión, se les va a dar de baja el plan”.

Sobre la auditoría, que pasó para septiembre, el funcionario expresó: “Queremos ser transparentes y mostrar en qué gasta el Estado sus aportes. Queremos que todos sepan dónde se invierte y cómo se dirigen los recursos”. Y añadió: “Vamos a transparentar, ordenar y garantizar que cada beneficiario pueda ir en camino al empleo registrado. Vamos a ver a todos los beneficiarios para saber qué están haciendo”.

Ante algunos gobernadores, intendentes y dirigentes de la economía popular, Zabaleta precisó que el sistema de control va a estar a cargo de estudiantes de universidades nacionales que van a entrevistar a “10.000 beneficiarios por día”, y “a quienes no cumplan con los requisitos, se las va a dar de baja el plan”.

Varios referentes sociales que hablaron con Infobae pusieron en duda que la auditoría se lleve a cabo, al menos en el tiempo, la forma y con la profundidad que anuncia el ministro de Fernández.

Gremios docentes en contra

Hay intendentes y gobernadores que no se muestran felices con la auditoría de las unidades de gestión que de ellos dependen. Pero no solo eso: la Mesa Ejecutiva de Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que “repudia y se opone a la auditoría por parte de las universidades de los planes sociales que conquistaron los sectores más humildes de la población, a través de sus organizaciones”.

El texto también aclara que: “Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el Gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios. Como siempre la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria”. Y aclaran: “Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores. Reiteramos nuestro compromiso con una universidad al servicio de la mayoría popular que es la que la sostiene”.

Dirigentes sociales como Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), aclaró que no se opone al control por parte del Estado al Potenciar Trabajo, pero marcó su posición: “El Gobierno audita a los pobres, pero no audita ni un centavo de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional”, palabras muy parecidas a las emitidas por la dirigencia gremial de la UBA.