La Cámara Comercial rechazó un pedido de la familia Macri para ir a la Corte Suprema y así demorar el proceso de salvataje, o “cramdown” del Correo Argentino, y los pasos previos a la quiebra de la firma controlada por Socma.

La intención de los representantes de la familia Macri era llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario en el que se cuestionó la decisión de la Sala B de la Cámara Comercial, que ordenó en diciembre pasado el inicio del registro de cramdown, es decir la convocatoria pública para saber si existen interesados en la compra del Correo Argentino.

En tribunales no descartan que en un nuevo intento dilatorio, los representantes de la familia Macri interpongan una “queja” directa a la Corte.

De todas maneras, un nuevo revés fue asestado este martes con el fallo dictado por la Cámara Comercial que en durísimos términos, dio respuesta a ese recurso interpuesto por la deudora, según informó Ambito.com.

En diciembre del año pasado, la Cámara rechazó la apelación y confirmó la resolución de primera instancia que desestimó la homologación del acuerdo; y ordenó la apertura del registro de ¨cramdown¨.

Ahora, por defectos formales de la presentación de la concursada, rechazó la procedencia del recurso, y precisó que no es aceptable el argumento de “arbitrariedad” esgrimido por los representantes de Correo de la familia Macri.

En ese sentido, la deudora alegó entre otras cosas que el Estado habría abusado de su posición. Que se permite que el Estado Nacional, “haga abuso de su supuesto derecho y de su posición dominante, y lleve a la quiebra a una empresa con el grave perjuicio de todos los sectores comprometidos, tanto proveedores, como acreedores y también el personal que se desempeña en ella”.

La Cámara rechazó la procedencia del recurso intentado en ese sentido. “El discurso de la recurrente procura enjuiciar el proceder de esta Alzada, mas no hace sino trasuntar diversa interpretación de los hechos analizados y de las conclusiones asumidas en el decisorio las que, más allá de la disconformidad que provoquen, hallan adecuado fundamento en los antecedentes de la causa, lo cual descarta la imputación de arbitrariedad”, dice uno de los párrafos del fallo de la Cámara.

Los jueces recordaron que a lo largo de las actuaciones se sucedieron “diversas mejoras de la primigenia oferta no contando ninguna de ellas con la conformidad del Estado Nacional, razón por la cual tanto el Poder Ejecutivo como la aquí recurrente solicitaron varias prórrogas de plazos”.

En la causa también consta la presentación de fecha 2/10/2019 donde el propio Estado Nacional expresa que no presta conformidad con la última mejora de la concursada, “razón por la cual en la actualidad en forma explícita se puede señalar que no se han obtenido las mayorías legales requeridas por lo que fatalmente corresponde confirmar la resolución” adoptada.

De esta forma, el tribunal respaldó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, que días atrás se pronunció por rechazar el intento de la deudora de recurrir la apertura del procedimiento de salvataje, previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Boquín ya lo había dicho: que el pedido de los Macri debía ser declarado inadmisible, porque no existe cuestión federal ni supuesto de arbitrariedad y que el recurso extraordinario para llegar a la Corte constituye "un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”.

Ahora la Cámara, al rebatir los argumentos de la concursada, le dice que “si se pretendió una interpretación distinta, debió especificar con precisión los fundamentos de las objeciones, puesto que como es sabido, los criterios diversos, las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general son inidóneas para mantener un recurso”.