El abogado penalista Rodolfo Migliaro se refirió a la resolución de la ONU que le pide explicaciones a Mauricio Macri acerca de denuncias sobre abusos e intromisiones en el Poder Judicial. En este sentido consideró que el Gobierno “usa una estrategia de difamación sin argumentos” y que el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, ha sido uno de los perjudicados.

“Hay prisiones preventivas dictadas sin necesidad, lo cual implica un alto costo para el Estado, porque son personas privadas de su libertad sin ningún tipo de fundamento, ya que en ningún momento se avizoraron peligro de fuga o entorpecimiento de la acción de la Justicia, que son las causales por las cuales la privación de la libertad se puede transformar en legítima”, explicó el profesional en declaraciones a La Posta Radio (FM 88.5).

En el mismo sentido agregó: “La existencia de esos dos peligros es la clave para que se dicte la prisión preventiva o se dé la excarcelación. En muchos de los casos que hay en el país no hubo necesidad de dictar la prisión preventiva. Nunca creí ver esas cosas, pero ahora me tengo que convencer de que buscaron un efecto publicitario, periodístico, para que le sirviera políticamente al Gobierno. Se utilizó esta estrategia y se ha llegado al colmo de difamar sin argumentos. Lo más peligroso de esto es que se dictaron prisiones preventivas, sin haber necesidad de ello”.

Respecto de la situación del ex jefe comunal linqueño puntualizó: “Con Jorge Fernández se siguió la ola que se venía dando en el país. No había necesidad de dictar una medida tan grave. Estuvo en un penal y ahora está cumpliendo un arresto domiciliario sin ningún tipo de necesidad, ya que nunca hubo peligro de fuga ni entorpecimiento de la Justicia. Todo lo que obró la fiscalía interviniente fue una derivación del Tribunal de Cuentas (es decir que una cuestión administrativa se transformó en una causa penal, agravando todo lo mayor posible, con una figura como lo es la ‘Asociación ilícita’, para intentar demostrar que esta gente utilizó el Gobierno para beneficiarse económicamente)”.

Sobre este punto, el letrado expresó: “Esa disposición administrativa se soslayó, aunque se pudo haber subsanado ante el Tribunal de Cuentas, como ocurre en todos los Municipios, en los que los funcionarios responden con su patrimonio. Acá se inició una causa penal y la estamos peleando. De una multa administrativa se pasó a una causa judicial con una calificación gravísima. La denuncia se hizo con pocos elementos. Se tuvo en cuenta la resolución del Tribunal de Cuentas, por la cual el intendente debería responder con su patrimonio, y acá se armó una causa penal”.

Por último, Migliaro se refirió a los pasos a seguir y detalló: “Tenemos un recurso presentando en el Tribunal de Casación y estamos a la expectativa de esa resolución, y luego pasará a entender el Tribunal Criminal. El 25 de enero se cumplirán dos años de su detención preventiva y vamos a hacer un planteo excarcelatorio”.